Atacar a las organizaciones civiles, una forma de represión

Los ataques hacia las organizaciones civiles, los defensores de los derechos humanos, y las ONG, tristemente se han vuelto cada vez más frecuentes. De alguna manera se ha detectado que muchos gobiernos ponen trabas a la actividad de estos agentes del cambio.

Estos obstáculos pueden existir en forma de leyes restrictivas, procesos burocráticos imposibles, persecución, y amenaza de encarcelamiento, entre otras muchas prácticas que hacen la actividad de estas organizaciones muy complicada.

Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe ‘Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil’ en el que reconoce que al menos 50 países aplican o tienen en trámite, leyes que suponen una violación de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la ONU, y el derecho de la sociedad civil a organizarse.

Organizaciones civiles que velan por los derechos humanos

Dentro del tercer sector, que es el afectado en estos casos se encuentran, asociaciones, organizaciones y activistas, que tienen una postura vigilante ante el respecto a los derechos humanos por parte de los gobiernos. El progreso y el cambio social se debe en gran medida a este tipo de grupos, que se convierten en imprescindibles para controlar el poder y velar por la igualdad y los derechos más fundamentales de la sociedad.

De esta manera, limitar y reprimir a las organizaciones civiles y a las ONG, afecta a las personas y colectivos por los que trabajan, viéndose perjudicados.

En la búsqueda de un mundo más justo

ONG y organizaciones civiles en definitiva trabajan en la búsqueda de una mayor justicia social. Con su trabajo llegan hasta donde no llegan los Estados y las organizaciones internacionales, desde una posición independiente y crítica.

No obstante, sus iniciativas están siendo cada día más dificultadas por las leyes que redactan algunos Estados. Leyes concebidas para silenciar la actividad de organizaciones civiles y activistas. Estas leyes suponen, en cierta medida, un boicot de su capacidad transformadora.

Las organizaciones civiles afectadas se dedican entre otras cosas a dar voz a las minorías. Protegen los derechos de migrantes y refugiados, promueven la igualdad, y los derechos humanos.

Te preguntarás cómo pueden los distintos países complicar las labores de estas asociaciones. En este aspecto, las vías de control son amplias y diversas. Algunas de ellas son:

– Encarecimiento y complejidad de los procesos de inscripción de las organizaciones.

– Complicación para acceder a fuentes de financiación.

– Involucración y procesamiento por delitos que sus miembros no han cometido.

– Recorte general de libertades como las de expresión y manifestación.

Por la seguridad nacional

Todos estos obstáculos y restricciones son justificadas por parte de los gobiernos nacionales, alegando que velan por la seguridad, la identidad, y la tradición del país. Pero en definitiva lo que hacen es quitar poder a la sociedad, teniendo de esta manera todo el poder con menos control.

Estas prácticas son nocivas para la sociedad, ya que elimina las vías naturales de cambio social. Además, conculca la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la ONU y el propio derecho de asociación.

En definitiva, si queremos que los Derechos Humanos sean respetados, es necesario exigir a a los Estados y organismos internacionales que protejan a la sociedad civil que lucha por la igualdad y dignidad.

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Imagen: Entrega de kit con ropa de abrigo a niños de Alepo, Siria. Global Humanitaria