Desapariciones forzadas sin resolver

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU ha constatado que desde 1980 hasta el 18 de mayo de 2016, más de 55mil personas en 107 países han desparecido de manera involuntaria y en el 80% de los casos no se ha podido saber qué ha pasado con ellas. Y únicamente es la punta del iceberg: el problema es mucho más complejo y profundo.  Los datos facilitados hacen sólo referencia a los casos que han sido examinados por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntaria de la ONU, pero la realidad amplía de manera alarmante estas cifras.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo y se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Y es un problema que afecta de forma especial a España. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recordado que España es el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya, con 114.226 hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes.

La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

El caso de Guatemala y Perú

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Guatemala es el país en América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición. Durante el conflicto armado interno, 45 mil personas desaparecieron según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en sus recomendaciones concluyó que la desaparición forzada de personas en Guatemala constituyó una práctica sistemática. Las víctimas fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantes, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades, religiosos, niñas y niños. El porcentaje de casos denunciados es muy pequeño y en pocos casos se ha logrado individualizar a los responsables y llevarlos a juicio oral y público.

Además, como veíamos hace unas semanas en un post anterior, Perú aprobaba de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre los años 1980 a 2000.

Tal y como nos explicaba Miguel Huerta, Director General de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) con la aprobación de esta ley en Perú “se plantea también un proceso técnico y multidisciplinario destinado a ubicar y evaluar los sitios de entierro, registrar el perfil biológico de las víctimas, recuperar los restos humanos y analizarlos científicamente. Ello es importante, pues actualmente la labor de investigación forense se desarrolla en forma inorgánica y no planificada. Además, la ley aprobada regula el caso en que no se pueda identificar los restos humanos exhumados, disponiéndose la inhumación de manera individualizada y debidamente codificada en un sitio de entierro”.