En el camino hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos

Del 23 al 27 de octubre tuvo lugar en Ginebra la tercera sesión de trabajo anual del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Empresas Transnacionales con respecto a los derechos humanos, a la que asistieron representantes de más de 100 estados y de cerca de 200 entidades de la sociedad civil.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), a propuesta de los representantes de Ecuador y Sudáfrica, decidió  en 2014 establecer este Grupo de Trabajo, y en esta tercera sesión se continuaron debatiendo las aportaciones de los asistentes, con la idea de presentar un borrador de este Tratado vinculante a la 37 sesión ordinaria del CDH, en marzo de 2018.

La misma existencia de este Grupo de Trabajo representa un hito histórico en los intentos por establecer un tratado vinculante para los gobiernos y las empresas transnacionales que impida la vulneración de los derechos humanos en las actividades económicas, más allá de los marcos voluntarios propios de la Responsabilidad Social Corporativa.

El documento borrador con el que trabajó el Grupo durante su tercera sesión de trabajo fundamenta la existencia de este Tratado en la “primacía de las obligaciones respecto a los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión” y enumera, entre sus Principios,

  • La responsabilidad primordial del Estado de proteger contra violaciones o abusos de derechos humanos cometidas dentro de su territorio y / o jurisdicción por parte de terceros, incluyendo las Empresas Transnacionales y Otras Empresas.
  • El reconocimiento de la protección particular que merecen los pueblos indígenas; las mujeres; las mujeres jóvenes; las niñas y los niños; las personas con discapacidad y las personas refugiadas.
  • La obligación de los Estados Partes de realizar una evaluación previa de impacto sobre los derechos humanos de los acuerdos de comercio e inversión y la obligación de abstenerse de tales acuerdos en el caso de detectarse inconsistencias.
  • El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actos privados cuando no se actúe con la debida diligencia para prevenir violaciones o abusos de derechos o para investigar y castigar actos de violencia y para proporcionar reparación.

“Es muy difícil para los estados limitar el poder corporativo porque las Empresas Transnacionales (ETN) han moldeado las leyes mismas de nuestro orden global actual”, explica Dorothy Grace, de Global Justice Now. “Ayudadas por los tratados de comercio internacionales, las ETN ahora tienen incluso su propio acceso especial a la ‘ley’, y pueden llevar a los gobiernos a tribunales especiales si la acción de un gobierno amenaza sus ganancias”, explica, en referencia a las realidades como el TTIP y el CETA.

Un Tribunal Internacional sobre empresas y derechos humanos

Con el Tratado se pretende poner  fin a las lagunas legales a nivel global y garantizar que las empresas son plenamente responsables de las violaciones de derechos humanos y crímenes medioambientales que puedan cometer.

En este sentido, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, una coalición de 200 movimientos sociales, redes y organizaciones, han propuesto 6 puntos a incluir en este Tratado. La mayoría de las propuestas van en la línea del borrador del Grupo de Trabajo, si bien la campaña aboga, expresamente, por la creación de un Tribunal Internacional sobre ETNs y derechos humanos.

Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron, una de las integrantes de la Campaña Global, recordó que “los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.”

Intentos de frenar o descarrilar el Tratado

La presencia por primera vez, en la tercera sesión de este Grupo de Trabajo, de representantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea fue vista, desde el punto de vista de los activistas presentes, como un intento de frenar o hacer descarrilar el proceso hacia un Tratado Vinculante, ya que ambos actores no habían participado en las reuniones previas.

El representante de la Unión Europea defendió, contra un tratado vinculante, “una mejor implementación de las medidas de cumplimiento voluntario”, en una referencia a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011.

Frente a este punto de vista, resulta evidente que las  medidas voluntarias han sido extremadamente ineficientes para evitar los delitos de las transnacionales contra el medio ambiente y los derechos humanos de colectivos como las mujeres rurales y los pueblos indígenas. Ya son más de 150 los activistas asesinados este año por defender la tierra y sus derechos frente al impacto de las empresas mineras, madereras y agrícolas. Este 2017 va camino de convertirse en el año más mortífero para los activistas ambientales.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, la Alianza por el Tratado integra una alianza de redes comprometidas y grupos de presión que apoyan la elaboración de este instrumento internacional vinculante, y que recoge adhesiones de entidades y también de particulares.

También desde las instituciones políticas un total de 238 parlamentarios de asambleas legislativas de todo el mundo, internacionales, estatales y regionales, han mostrado hasta el momento su apoyo a este proceso con el lanzamiento de una campaña y de un manifiesto que reclama que instituciones como la Unión Europea se impliquen a fondo en esta inicitiva de Naciones Unidas. Por estados, España es el país del mundo con mayor número de adhesiones, con un total de 83 parlamentarios.

Imagen cortesía de Victor Barro, Friends of the Earth International: Participantes en la tercera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Empresas Transnacionales con respecto a los derechos humanos, en Ginebra.